LA REGULACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN ESPAÑA Y SU CONTEXTO EN LA UNIÓN EUROPEA

Abstract

El presente trabajo persigue, mediante el estudio de las recomendaciones internacionales para una regulación adecuada y las actualmente existentes en el ordenamiento europeo, incluyendo los intentos, analizar y evaluar la regulación actual de los grupos ¿lobbies¿. A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales y la existencia de regulaciones incipientes, es preciso abordar esta cuestión, que necesita siempre de mayor precisión y determinación. En España, se han realizado avances en la regulación jurídica de los grupos de interés, pero aún es necesario fortalecerla, y sobre todo explicar a nuestra sociedad que elementos positivos tiene esta regulación. El estudio propone mejoras concretas para optimizar la regulación en el contexto español, con base en una revisión bibliográfica de fuentes académicas y legales. El objetivo es contribuir a una regulación más robusta que respete los derechos constitucionales y mejore la toma de decisiones en los poderes públicos tanto en el ámbito nacional, como el internacional. Un factor clave siguiendo las recomendaciones de entidades como la OCDE y el Consejo de Europa es la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en torno a esta figura y sus actuaciones. Sin lugar a duda, su integración en el sistema legal español podría reforzar la confianza pública y la calidad democrática. El análisis de la legislación española actual que hemos realizado revela puntos fuertes y aspectos susceptibles de mejora. Existen leyes que fomentan la participación ciudadana, pero se detectan lagunas claras en su aplicación práctica que nos puede dar el termómetro de la apuesta clara o no por su regulación y existencia real. Entre las deficiencias legislativas en España, como veremos, se encuentran el registro voluntario de lobbies, la ausencia de una definición de esta figura y registro obligatorio, y la falta de obligaciones claras de información de sus actividades. No hay normas concretas referentes a las interacciones de los grupos de interés con funcionarios públicos, lo que podría comprometer la transparencia del proceso legislativo. Para avanzar en la implantación de estos grupos, se recomienda por parte de la UE el registro obligatorio y la exposición de información no financiera. En clave nacional, propondremos medidas que atañen precisamente a la mejora del registro público, implementar controles más rigurosos y establecer procedimientos claros para la participación ciudadana, incluyendo reformas legislativas pertinentes.