LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA COMO ÚNICA PRUEBA EN DELITOS SEXUALES

Abstract

El presente Trabajo de Fin de Grado analiza la declaración de la víctima como prueba de cargo de los delitos contra la libertad sexual, con especial atención a los supuestos en que constituye el único medio probatorio disponible. La investigación parte de una problemática jurídica de primera magnitud: la frecuente ausencia de prueba objetiva en esta categoría delictiva, como consecuencia de su comisión en la más estricta intimidad y de las elevadas tasas de infradenuncia, lo que desplaza el eje del enjuiciamiento hacia el testimonio de la víctima, generando una tensión estructural entre la tutela efectiva de la libertad sexual y el derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española. La relevancia del tema se ha intensificado tras la Ley Orgánica 10/2022, que al suprimir la distinción entre abuso y agresión sexual y situar la ausencia de consentimiento como elemento nuclear del tipo, ha incrementado la dependencia probatoria respecto del relato de la víctima sobre un estado interno de la voluntad que raramente admite acreditación objetiva. Mediante una metodología jurídico-dogmática que integra análisis normativo, revisión doctrinal y estudio sistemático de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el trabajo examina la naturaleza jurídica del testigo-perjudicado, la superación del principio testis unus, testis nullus y los criterios de credibilidad que conforman el denominado ¿triple test¿: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del relato y persistencia en la incriminación. El análisis concluye que el testimonio único de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, pero que la aplicación práctica del triple test adolece de debilidades estructurales: tendencia a una formulación meramente rituaria de los criterios, falta de uniformidad entre tribunales, persistencia de estereotipos de género en la valoración probatoria y riesgo de condena por saldo de credibilidades. Se sostiene que el modelo vigente es constitucionalmente legítimo, pero probatoriamente insuficiente en su estado actual, y que su mejora exige la incorporación sistemática de los estándares de la psicología forense del testimonio, protocolos de entrevista especializados y una mayor precisión del Tribunal Supremo en la determinación del contenido mínimo de cada parámetro de valoración.