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España ha sido el primer Estado parte en la vigente Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en ser sometido a una investigación confidencial por el Comité del tratado respecto al derecho a la educación. En este trabajo se estudian los tres mecanismos de control de la aplicación del tratado por los Estados partes (investigación confidencial, informes periódicos, y comunicaciones individuales). Dicho Comité declaró la violación del derecho a la educación inclusiva. En consecuencia, se valoran el contenido del ODS 4 y de sus Metas, el alcance de la Convención de 2006 y de las decisiones de este, así como la incorporación de estas en el Derecho español
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