Seguro de caución y aval bancario en la Ley de Ordenación de la Edificación

Abstract

El ámbito de aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es el sector de la construcción, y, por ello, tal y como establece su artículo 1, “tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo”. Razón: son ellos quienes van a responder frente a propietarios y terceros adquirentes del inmueble por los daños derivados de una ejecución deficiente de la obra de acuerdo a los criterios establecidos por la citada Ley. Con este objetivo, la Ley de Ordenación de la Edificación compele al promotor inmobiliario de edificios, cuyo destino principal sea la vivienda, a la contratación de una serie de garantías: un seguro de daños, de caución o una garantía financiera. Son instrumentos jurídicos de aseguramiento cuya finalidad va a ser la de hacer frente a los efectos derivados de una posible responsabilidad decenal, trienal o anual atribuible a los agentes que intervienen en el proceso de edificación por incumplimiento de alguna de las obligaciones prescritas por el legislador. Por otra parte, la Ley de Ordenación de la Edificación incluye y regula específicamente otras medidas destinadas a proteger a quienes adquieren una vivienda futura; sobre plano. El motivo se encuentra en que estos anticipan cantidades a cuenta del precio del inmueble al promotor para que este las dedique a su construcción. En consecuencia, no solo se requiere asegurar que el destino del dinero adelantado sea el acordado, sino también que su restitución sea posible en el caso de que las obras no se inicien o no lleguen “a buen fin” en el plazo acordado para la entrega del objeto.