Abstract

La Orden Europea de Detención y Entrega constituye un mecanismo revolucionario en la cooperación judicial penal europea, sustituyendo los tradicionales procedimientos de extradición por un sistema más ágil basado en el reconocimiento mutuo entre autoridades judiciales. El análisis de su aplicación práctica durante el período 2014-2022 revela una consolidación del instrumento con aproximadamente 147.978 órdenes emitidas y 49.690 ejecutadas, alcanzando una tasa media de ejecución del 33,57%. Los delitos contra la propiedad y el tráfico de estupefacientes representan las principales tipologías delictivas que motivan la emisión de OEDEs. La duración media de los procedimientos varía significativamente según exista consentimiento de la persona reclamada (20 días) o no (57 días), superando frecuentemente los plazos establecidos en la Decisión Marco 2002/584/JAI. Se observan asimetrías significativas entre Estados miembros tanto en emisión como en ejecución, con Polonia, Alemania, Rumanía, España y Francia como principales emisores. La principal causa de denegación es la prevista en el artículo 4(6) de la Decisión Marco, que permite al Estado de ejecución asumir el cumplimiento de la pena en su territorio. El estudio identifica tensiones persistentes entre la eficacia del mecanismo y la protección de derechos fundamentales, evidenciando la evolución desde un reconocimiento automático hacia un enfoque más equilibrado que contempla excepciones cuando existen riesgos para los derechos fundamentales.
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