Perspectiva de Género en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Una aproximación desde el Sistema Nacional de Integridad Español

Abstract

El presente informe aborda la integración de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia («PRTR») español, financiado por los fondos NextGenerationEU (NGUE), y su relación con el Sistema Nacional de Integridad (SNI).

El marco jurídico-institucional La Unión Europea aprobó el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia («MRR») para afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Entre esas consecuencias, destacan precisamente las “profundas dimensiones de género subyacentes” que impactaron desproporcionadamente en sectores feminizados (sanidad, cuidados). Por ello, el Reglamento del MRR (RMRR) exige a los Estados miembros explicar cómo sus planes contribuyen a la igualdad de género y de oportunidades.

El marco jurídico español es robusto, basado en los principios constitucionales de igualdad (Art. 14 y Art. 9.2 CE) y desarrollado a través de legislación clave que institucionaliza la "transversalidad de la igualdad".

El PRTR español se estructura en cuatro ejes transversales —transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género— alineados con los seis pilares del MRR. El informe sostiene que la igualdad de género y el respeto a la diversidad son indicadores esenciales de la gobernabilidad institucional dentro del SNI.

Integración del Género en el Diseño del PRTR España se sitúa en el cuarto lugar de los Planes Nacionales de Recuperación que han incluido más medidas con impacto en la igualdad de género. No obstante, el diseño del Mecanismo y, en particular, de la metodología de evaluación mediante hitos y objetivos e indicadores comunes puede dificultar el seguimiento de los avances en cuanto a la consecución del objetivo general del MRR, que incluye la igualdad de género.

Por su parte, el diseño del PRTR clasifica las medidas según su impacto esperado en la reducción de la brecha de género: el 27% de las inversiones tienen un impacto directo; el 54% posee un efecto transformador; y el 19% restante tiene un efecto indirecto.

Para la implementación de las inversiones, se han definido procedimientos transversales obligatorios para la gestión de fondos públicos (subvenciones, contratación pública y convenios). Estos exigen la incorporación de datos desagregados por sexo y el establecimiento de criterios puntuables y objetivables en las convocatorias, como medidas de conciliación o la designación de mujeres como líderes de proyecto. Además, las Administraciones Públicas deben garantizar una presencia equilibrada (al menos del 40% de ambos sexos) en los órganos evaluadores.

Riesgos para la Integridad y limitaciones de seguimiento A pesar del compromiso formal, el sistema de seguimiento del impacto de género presenta limitaciones significativas. A diferencia de los ejes de Transición Ecológica y Digital, el Plan no identifica indicadores concretos (cuantitativos o cualitativos) que permitan medir objetivamente los efectos de las medidas en la igualdad de género. Tampoco se ofrece una explicación clara de lo que implican los efectos "directos, transformadores o indirectos".

PERTES, corrupción y gobernanza El análisis de los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (PERTE), como instrumentos clave para la distribución de los fondos NGUE, muestra una integración heterogénea de la perspectiva de género. La mayoría de las Memorias Descriptivas se limitan a enunciados generalistas sobre la contribución a la igualdad sin concretar medidas específicas o cuantificar el empleo femenino generado.

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha identificado debilidades estructurales en el diseño de los PERTE que incrementan el riesgo para el SIN, como la falta de gobernanza y coordinación, el debilitamiento de las salvaguardias o la opacidad en la trazabilidad de la información.

Finalmente, el análisis de las cifras de corrupción judicializada en España, utilizando el Repositorio del CGPJ, confirma un claro sesgo de género: la corrupción que alcanza la fase de apertura de juicio oral es mayoritariamente masculina. Entre 2020 y 2025, el porcentaje promedio de mujeres acusadas ha sido solo del 15%, en contraste con el 85% de hombres. Este dato respalda la tesis de que una mayor participación femenina en puestos de decisión podría ayudar a disminuir los niveles de corrupción.

Conclusión General El PRTR establece un marco normativo y político sólido para la igualdad de género, que ha permitido a España situarse como referente en la inclusión de esta perspectiva a nivel europeo. Sin embargo, la materialización efectiva de este eje transversal se ve comprometida por la falta de indicadores de medición objetivos y por serios déficits en la gobernanza y control de instrumentos clave como los PERTE.