El derecho a la propia imagen en su dimensión subjetiva y los códigos de indumentaria laboral

Abstract

Desde hace unos 50 años, en que como consecuencia del auge de la fotografía, el mundo actual es el «vertiginoso mundo de las imágenes» era necesario proteger al ciudadano de la reproducción de su imagen cuando no fuera consentida. Pero hasta la fecha la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal se ha limitado al análisis de su versión clásica y objetiva, esto es, la propia del siglo pasado en que la fotografía y la imagen en movimiento se desarrolló de tal modo que pareció imprescindible exigir la prestación de consentimiento para la reproducción de esta imagen, máxime si era con una finalidad de lucro o incremento patrimonial. sin embargo, hoy casi todo el mundo da por sentado que puede publicar en «sus» redes cualquier contenido y nadie se para a pensar en que ello puede suponer la conculcación de varios derechos se si muestra la imagen no consentida de una o varias personas en cualquier circunstancia. Así, se vulnerarían el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, incluso a la inviolabilidad del domicilio, ahora que abundan la publicación en redes de los «pantallazos» de las conexiones on-line de casas particulares. Sin duda, esta es una vertiente importante y, sobre todo, objetivable. Sin embargo, ya existen y se desarrollarán a una velocidad inimaginable otras dimensiones del derecho a la propia imagen que permiten debatir sobre su dimensión subjetiva. Se analiza el derecho a la propia imagen desde una doble perspectiva: la propia de la conflictividad respecto de los «códigos de indumentaria» laboral y, otra, aún más novedosas que, poco a poco, terminará siendo más frecuente y a lo que se tendrá que dar respuestas. Esta cuestión todavía no ha sido abordada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, pero, a buen seguro, llegará y será objeto de amparo y admisión de la correspondiente demanda por vulneración de derechos dentro del supuesto de «especial trascendencia constitucional que exigiría la adaptación constitucional.