El derecho a comprender el derecho y el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

Abstract

Objetivos: Este trabajo examina el derecho a comprender el derecho como condición necesaria para el ejercicio efectivo de la capacidad jurídica por personas con discapacidad, en el contexto de la reforma operada por la Ley 8/2021. La investigación analiza cómo la comprensión del derecho no debe entenderse únicamente como capacidad previa que habilita para decidir, sino como derecho autónomo cuya garantía efectiva capacita y ensancha las posibilidades de toma de decisiones. El objetivo principal consiste en fundamentar teóricamente el derecho a la accesibilidad cognitiva del derecho y proponer medidas concretas para su implementación práctica, abordando la brecha existente entre reconocimiento formal y eficacia real de este derecho en el ordenamiento jurídico español. Metodología: El trabajo integra análisis filosófico-jurídico desde la teoría aristotélico-tomista de la acción y la razón práctica con examen dogmático de la legislación vigente. Incorpora metodología participativa mediante la experiencia de personas con discapacidad intelectual estudiantes del curso "Asistente Jurídico" de la URJC, cuyos testimonios evidencian empíricamente cómo la comprensión del derecho reconfigura la autocomprensión personal y genera nuevas capacidades volitivas. Este enfoque de ciencia ciudadana permitió contrastar las hipótesis teóricas con experiencias reales de empoderamiento jurídico. Resultados principales: La investigación demuestra que: (1) la deliberación, como ejercicio de razón práctica, requiere comprensión efectiva de la información jurídica, no mero conocimiento; (2) comprender el derecho a decidir modula la generación de expectativas y proyectos vitales; (3) la aptitud para decidir no es estática sino desarrollable mediante el ejercicio continuo de la razón práctica; (4) la accesibilidad cognitiva debe configurarse como auténtico derecho de contenido prestacional; (5) la regulación actual presenta deficiencias críticas al no garantizar el derecho a facilitadores y medios de accesibilidad en todos los ámbitos del tráfico jurídico, generando ineficacia normativa; (6) los testimonios de personas con discapacidad confirman que conocer sus derechos transforma su percepción de situaciones discriminatorias. Soluciones a problemas regulatorios: El trabajo aborda la ineficacia práctica del derecho a la accesibilidad cognitiva, formalmente reconocido pero materialmente incumplido, proponiendo soluciones que contribuyen decisivamente a la eficacia real de la Ley 8/2021: (1) reconocimiento expreso del derecho a comprender como derecho fundamental exigible derivado del artículo 20 CE, superando su configuración como permiso; (2) transformación normativa de la accesibilidad cognitiva en derecho subjetivo de contenido prestacional con obligaciones positivas exigibles; (3) regulación específica de la figura del facilitador como prestación garantizada, incluyendo requisitos formativos y financiación; (4) extensión obligatoria de medidas de adaptación a todo el tráfico jurídico privado; (5) articulación de sistemas estables de apoyos con asignación presupuestaria y distribución equitativa territorial; (6) reconocimiento legal de personas con discapacidad como facilitadores profesionales. Estas propuestas cierran lagunas normativas y ofrecen instrumentos jurídicos aplicables por operadores jurídicos, administraciones y tribunales.