RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR INADECUADA VALORACIÓN DEL RIESGO DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Abstract

Una de las principales problemáticas de la violencia de género es la invisibilidad de la agresión, ya que suele producirse en el ámbito privado. Por tanto, eso hace difícil tanto identificarla, como demostrar la misma ante las instituciones judiciales y policiales.

Según el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación Policial el 28 de junio de 2005, cuando una víctima interpone una denuncia ante la policía o Guardia Civil, éstos deben llevar a cabo una valoración de la situación objetiva del riesgo. Ésta comienza con una valoración inicial, que consiste en un cuestionario que debe ser cumplimentado por la policía tras entrevistar a la víctima. Posteriormente, el Sistema VioGén asigna automáticamente un nivel de riesgo, que podrá ser modificado, únicamente al alza, por los agentes atendiendo a los indicios que no se hayan reflejado en los indicadores del sistema.

El nivel de riesgo asignado es vital para adoptar medidas de protección, un acompañamiento especializado o apoyo institucional para cada caso. Por lo que, éste determina el futuro de la víctima.

De acuerdo con el Informe sobre Víctimas Mortales de la Violencia de Género realizado por el Consejo General del Poder Judicial, en el 2020 el 17.4% de las víctimas fallecidas había interpuesto denuncia y solo en dos casos existía una medida de alejamiento.

El propósito de este trabajo es analizar qué ocurre en los casos en los que la víctima interpone denuncia, se evalúa de forma errónea el nivel de riesgo y finalmente muere producto de un delito de violencia de género. ¿Se puede declarar la responsabilidad de la Administración por inadecuada protección de las víctimas?