EL PAPEL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN ESPAÑA

Abstract

El Defensor del Pueblo es un órgano con relevancia constitucional regulado en el artículo 54 de la Constitución Española, y que busca sus orígenes en el ombudsman escandinavo. Ya durante su configuración, en el periodo de la Transición, se produjeron debates sobre la configuración final que debía de adquirir dicha institución. Durante las negociaciones del proyecto constitucional se dieron numerosas enmiendas, que expondré someramente más adelante, siendo la más crítica la planteada por Alianza Popular, en las que se discutía si la futura defensoría debía tener un papel más volcado en el control administrativo de las administraciones públicas, como en el caso de los ombudsman escandinavos, o en la defensa de la constitución, y de los derechos constitucionales de los ciudadanos, como en el caso de la defensoría estonia.

Esta cuestión, si el Defensor del Pueblo debía de tener una vertiente más de control administrativo, o más de defensa de los derechos constitucionales reconocidos en el Título I de la Constitución, es la que ubica en el centro el mayor problema doctrinal de la institución en España, ya que la Constitución le otorgó amplios poderes sin límites para el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad, vedando esta opción a los ciudadanos, mientras que acotó sus poderes al agotamiento de instancia en el caso del recurso de amparo, siendo que el Defensor del Pueblo solo puede intervenir en contadas excepciones en el proceso ordinario, dependiendo, por lo tanto, de las partes actoras, para la presentación final del recurso de amparo.