La calificación como ayuda de Estado de la financiación pública de infraestructuras

Abstract

Durante décadas la Comisión Europea mantuvo una postura ambigua y en ocasiones contradictoria en relación con la calificación de la financiación de infraestructuras por las administraciones públicas como medidas constitutivas de ayudas de Estado, rechazando como regla general dicha calificación. La principal razón esgrimida era que estas operaciones constituían medidas generales de política económica que beneficiaban al conjunto de la población, por lo que no concurría el requisito de selectividad propio de las ayudas de Estado. La sentencia Leipzig-Halle pronunciada por el Tribunal General en 2011 ha desencadenado una revolución en este ámbito, caracterizada por un incremento del interés de la Comisión por este asunto al tiempo que el Tribunal de Justicia y la Comisión racionalizaban y sistematizaban su práctica anterior. La regla general ha pasado además a ser la calificación de los proyectos de financiación de infraestructuras como ayudas de Estado, siendo su exclusión la excepción. En la actualidad se requiere el análisis de la posible concesión de una ayuda de Estado a varios niveles: propietario, operador, usuarios y constructores de las infraestructuras son potenciales beneficiarios de una ventaja directa o indirecta fruto del uso de los fondos estatales. Subsiste no obstante gran incertidumbre y numerosas contradicciones, que se explican porque cuando examina la financiación de infraestructuras la Comisión no es consecuente con su práctica en otros sectores ni mantiene una plena coherencia interna, además de privilegiar en ocasiones una interpretación formalista de los elementos que forman la noción de ayudas de Estado sobre la teleológica. La tesis analiza individualmente cada uno de los elementos constitutivos de la noción de ayuda de Estado, describiendo su aplicación a los proyectos de infraestructura y proponiendo correcciones cuando se identifican errores o se estima conveniente para garantizar la eficacia del control de la concesión de ayudas de Estado en este ámbito.