Efectos de la presión fiscal sobre los grandes patrimonios en España y la UE

Abstract

Del mismo modo que en cualquier país del marco europeo, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 en la economía española, ha obligado a enfrentar un escenario especial para mitigar el impacto económico y social de la continuada crisis, con la imperativa necesidad de tomar medidas tributarias para luchar contra el déficit. Entre ellas, es reseñable la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que restableció con carácter indefinido el Impuesto sobre el Patrimonio, frente a la temporalidad con el que se implantó en 2011, poniendo así, fin al carácter excepcional y transitorio que se predicaba del hasta ahora vigente, dando especial cumplimiento a su objeto primordial de equidad al gravar la capacidad de pago adicional de la posesión de la riqueza, en beneficio de la seguridad jurídica y de una mayor justicia distributiva de la renta y el patrimonio, complementando al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas inspirado en la progresividad. Así, se otorga al Impuesto sobre el Patrimonio una vocación recaudatoria con carácter indefinido y no sólo de cálculo.