La protección de la identidad de los denunciantes en los expedientes sancionadores. Su carácter de límite ante el ejercicio del derecho de acceso a la información

Abstract

La canalización e incentivo de la comunicación de la información por parte de los llamados “denunciantes” o “alertadores” –whistleblowers, en el ámbito internacional-, respecto de aquellas actuaciones irregulares que sean constitutivas de infracción administrativa o penal en el ámbito del sector público, es un importante instrumento de transparencia y de lucha contra la corrupción, que requiere igualmente, de mecanismos que permitan garantizar la protección de la identidad de estos denunciantes, que normalmente tienen conocimiento de estas actividades contrarias al interés público precisamente por formar parte de dicha organización o tener acceso a determinada información y que son, por tanto, susceptibles de sufrir consecuencias desfavorables de conocerse su condición de denunciantes. El trabajo tiene como objeto el análisis de la distinta protección que las normas jurídicas otorgan a los denunciantes en nuestro ordenamiento jurídico y su posible carácter de limitación al derecho de acceso, así como las consecuencias que, en este sentido, tendrá la transposición de la recientemente aprobada Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, y que forzosamente va a cambiar el panorama jurídico en este ámbito. El análisis se aborda desde la perspectiva de la aplicación del límite al acceso a la información pública que supone la protección de los datos de carácter personal de las personas físicas que aparecen reflejadas en los expedientes relativos a los procedimientos administrativos de carácter sancionador, referido en el artículo 15 LTBG, sin perjuicio de ser bien conscientes de que el acceso a la información que consta en los mismos puede ser objeto de la aplicación de otros límites previstos en el artículo 14.1 LTBG, en especial por lo que se refiere a sus apartados e) “La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”; f) “La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”; o g) “Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”.