Abstract
En el trabajo se analiza la escasa legislación dedicada al personal funcionario
de administración y servicios de las universidades públicas desde su ley “cabecera”,
la Ley orgánica de Universidades, y con ello la dificultad de desentrañar su régimen
estatuto específico, y su posible incardinación en la función pública de las administraciones territoriales competentes en esta materia. Se ha señalado además la extraordinaria importancia que la mencionada Ley orgánica otorga a los Estatutos de las
universidades, la inexistencia de Decretos transferencia de este personal a las CC.AA
y el mayor peso normativo que tiene la legislación estatal respecto a su régimen estatutario. Todo lo cual nos hace concluir que son funcionarios estatales.
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