Abstract
El presente trabajo está dirigido a analizar la repercusión que ha tenido el Dictamen de 20 de julio de 2000 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como de otros posteriores que condenan a España por la vulneración del art. 14.5 PIDCP. A pesar de que ningún precepto del Pacto reconoce el carácter vinculante de sus decisiones, el legislador español se ha esforzado en recoger en las diversas reformas legislativas los pronunciamientos del Comité relativos a la interpretación del precepto. Sin embargo, concluimos que el legislador no consigue adecuar la normativa interna a las resoluciones del órgano internacional.
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