Abstract

Un algoritmo no deja de ser un conjunto de instrucciones, un protocolo, que se ha programado para alcanzar un objetivo concreto. Cuando el algoritmo es empleado por una Administración Pública, éste conduce generalmente a la adopción de una actuación que se encuentra sometida a la Ley y al Derecho y que ha de ir encaminada a la satisfacción del bien común. La actuación automatizada de la Administración ha de buscar la satisfacción del interés general desde perspectivas mucho más amplias que la mera eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Las decisiones automatizadas de una forma u otra afectan a los derechos de los ciudadanos. La toma de decisiones administrativas por parte de los algoritmos que ha diseñado el poder público incide en la vida diaria y en la posición jurídica del ciudadano en sus relaciones con la Administración, y su incidencia será mayor a medida en que se incremente la digitalización del poder público.
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