Medidas de urgencia en el ámbito del contrato de transporte terrestre de mercancías

Abstract

El reciente crecimiento de los precios del combustible ha dado lugar a una enorme crisis en el sector del transporte, que ha tenido, incluso, graves consecuencias sociales. El Gobierno ha reaccionado con diversas medidas, entre las que se encuentra el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, que, entre otras reformas, ha modificado la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. En concreto, cambia el régimen de la carga y descarga en relación con los requisitos que debe cumplir el acuerdo por el que las operaciones de carga y descarga son de competencia del porteador, sustituyendo la regla natural de la ley que las atribuye al cargador. También se modifica la norma de la ley que regula la posibilidad de una revisión del precio del transporte como consecuencia del aumento o reducción del precio del combustible, que se convierte en imperativa y que ya no permite su derogación por las partes. En fin, se prevé igualmente la futura adopción de un Código de Buenas Prácticas.

La reforma está claramente destinada a la protección de los porteadores, que se identifican como los principales afectados por la crisis. No obstante, en ocasiones la premura de la reforma abre dudas y dificultades interpretativas, en particular respecto de las consecuencias de incumplir los nuevos condicionamientos aplicables al pacto por el que la ejecución de la carga y descarga se asigna al porteador. Otras veces, la falta de una adecuada atención a las consecuencias de alguna de las nuevas medidas puede causar un daño directo al sector de los cargadores, que se ven obligados a soportar plenamente el incremento del precio del combustible, incluso cuando este precio no se ha materializado porque las ayudas reducen dicho precio.