Los valores y las instituciones como principios de autoridad ética

Abstract

Los datos de las encuestas de opinión pública (españolas y europeas) analizadas, permiten concluir que la opinión pública europea, y la española de manera prístina, distingue bien tres dimensiones distintas respecto a la defensa y seguridad: 1. Los supuestos que justifican una intervención militar. Se detecta una convicción general acerca de la legitimidad de las acciones exteriores si lo que procuran es el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos en cualquier zona en conflicto. En este punto, hay una clara sintonía entre los principios qúe el Tratado de Amsterdam establece respecto a la PESC. Igualmente queda justificada plena mente por parte de la población española toda acción militar encaminada a defender el territorio nacional. Sin embargo, muy pocos españoles apoyarían una acción militar destinada a evitar la invasión de las fronteras europeas. Aquí se evidencia una profunda discrepancia entre la opinión pública y los textos constitucionales de la Unión. Al menos en el caso de la opinión pública española, que es para la que, en este particular, se ha dispuesto de datos. 2. Las instituciones u organizaciones que deben encargarse de la aplicación de la defensa y la seguridad .En términos generales,puede afirmarse que la población acepta de buen grado que sea algún organismo europeo (por ejemplo, la UEO), de modo que la defensa sea realmente conjunta. Mientras no exista o no sea realmente operativo ese organismo, se asume como inevitable y hasta necesaria la intervención de la OTAN. Bien es verdad que, con los datos en la mano, estos predicados sólo pueden afirmarse para la población española. 3. Las instituciones que deben tomar las decisiones sobre una intervención militar que pueda quedar justificada por alguna de las razones mencionadas en el punto uno y con independencia de quién sea el encargado de ejecutarla (punto dos). Constituye un aspecto de asaz sombrío para la opinión pública, salvo en el supuesto de una invasión exterior del territorio nacional, en cuyo caso se conviene que el organismo que decida debe ser el gobierno nacional del país en cuestión. Aparte de este obvio supuesto, el grueso de la población consultada acepta que cualquier institución u organismo decida sobre la propiedad de enviar efectivos militares siempre que lo haga en nombre de los valores cosmopolitas. Aquí entran en contradicción la ONU ,la OTAN y la Unión Europea. La primera es la verdaderamente mundial y fue la que proclamó los derechos universales del hombre. Sin embargo, al no disponer de una fuerza propia y eficaz, su capacidad de tomar decisiones vinculantes está muy limitada. La segunda tiene un carácter internacional, y ha añadido al objetivo de la defensa de la integridad territorial de sus países miembros el del mantenimiento de la paz y el de la estabilidad mundial en cualquier zona del mundo donde se pongan en juego los intereses de los aliados (aunque, en la práctica, son los intereses de Estados Unidos. La tercera, se debate entre la declaración de valores cosmopolitas, los propósitos europeístas y los intereses nacionales D. e manera que la capacidad de decisión de la Unión Europea sobre la seguridad y defensa europea está también muy mermada y condicionada al beneplácito de la OTAN, esto es, a Estados Unidos. Ante tal desbarajuste no es de extrañar que la opinión pública europea esté más pendiente de los supuestos que legitiman las acciones militares que de los organismos o las instituciones que decidan sobre las mismas o que las que deban aplicarlas. La pelota está, pues, en el tejado de los «constructores »de Europa.