Abstract
Las Políticas de Adaptación adquieren un reconocimiento legal en España
a partir de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, al establecer
una regulación tanto de las medidas sectoriales como generales. Estas
últimas están constituidas por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático y el Informe de Riesgos Climáticos y de Adaptación, cuyo contenido
está en gran parte establecido en las políticas y normas europeas. En este trabajo,
se relacionan estas medidas nacionales con las adoptados en niveles políticos
y territoriales superiores e inferiores; adicionalmente, atendemos a los requisitos
de coordinación para que esta acción pública tan plural llegue a
resultados óptimos y eficientes. La coordinación de la acción pública cuando
se adoptan las estrategias nacionales está insistentemente recomendada por las
estrategias europeas, aunque, a nuestro entender, la Ley 7/2021 no da traslado
adecuado de este enfoque.
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Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 56(351)
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