Los órganos de control contractual en España: mapa de los actuales y los potenciales tribunales administrativos de recursos contractuales

Abstract

La publicidad de la información relativa a la contratación pública es, sin duda, una de las más importantes dentro del ámbito de la transparencia de cualquier país. Su control supone, además, una herramienta imprescindible para luchar contra la corrupción. En el caso español, la importancia de ambas cuestiones se puede constatar en el hecho de que, tanto la obligatoriedad de la publicidad de la información en materia de contratación como la creación de los órganos para su control, son anteriores a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 2007 y 2010, respectivamente. La idiosincrasia del control de la publicidad contractual ha dado como resultado la existencia de jurisprudencia y doctrina, emanada de las resoluciones de su principal órgano en España, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. No obstante, la reciente Resolución 574/2019 del TACRC, de 23 de mayo de 2019, con el voto particular de su Presidente, en contra de la estimación del Recurso núm. 396/2019, pone de manifiesto que estamos lejos aún de tener unos criterios definidos y estables acerca de qué y cómo debe ejercerse el control en materia contractual, con el objetivo de evitar los puntos débiles que permiten la corrupción en la contratación pública. La posibilidad de crear tribunales administrativos de recursos contractuales en la administración pública a nivel local, recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, multiplicará la disparidad de criterios e interpretaciones, situación que podría llegar a producir el efecto contrario al buscado, el control. En este capítulo se presenta el mapa actual de tribunales administrativos de recursos contractuales en España, según la normativa estatal y las autonómicas que han regulado su creación a nivel local. Además, se hace la relación de las distintas entidades locales que podrán crearlo según la LCSP; lo que permitirá ver las dimensiones que podría llegar a alcanzar, en un futuro próximo, el sistema de tribunales administrativos de recursos contractuales en el estado español.