La responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas en el ámbito de defensa de la competencia

Abstract

A lo largo del presente trabajo se aborda de forma crítica la incidencia que la aplicación de las normas de competencia tiene para con los principios de la potestad sancionadora. Si bien es cierto que los sujetos destinatarios de las normas de competencia pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, el estudio se acota a estas últimas por las peculiaridades que, derivadas de su propia naturaleza jurídica, presenta la aplicación de los principios sancionadores a estas últimas a fin de concluir el respeto o la quiebra de los mismos. En este sentido, pese a que el grueso del trabajo se centra en la incidencia que tienen las resoluciones tanto europeas como nacionales a la hora de sancionar a las personas jurídicas con el principio de responsabilidad personal, también se abordan otros principios que, directamente relacionados con el anterior, pueden estar en riesgo. Además, en todos aquellos supuestos en los que se considera que existe un quebranto de las garantías sancionadoras respecto de las personas jurídicas, se han tratado de proponer soluciones alternativas que, garantizando el efecto útil del derecho de la competencia, respeten los principios de la potestad sancionadora. Para ello, el trabajo se ha estructurado en tres bloques diferenciados. En el primero de ellos se estudia la configuración que tanto la doctrina como los tribunales han realizado de la responsabilidad de las personas jurídicas como una responsabilidad directa por sus propios actos. Una vez delimitada la responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas, era necesario delimitar tanto los órganos encargados de velar por el mantenimiento de la competencia como los principios propios que regirán el ejercicio de sus potestades y servirán de garantías para las personas jurídicas investigadas. Por ello, y dada la peculiaridad de la materia, el segundo bloque se centra, en primer lugar, en exponer la dualidad de órganos administrativos en los que reside la potestad fiscalizadora de la actuación de las empresas para con el mercado —Comisión Europea y órganos nacionales— así como los principios que inspiran el ejercicio de la potestad sancionadora tanto en el ordenamiento jurídico europeo como en el nacional; y, en segundo lugar, acotar lo que tanto el TFUE como la LDC han catalogado como conductas prohibidas por restringir la competencia. Una vez efectuado el marco general de aplicación del derecho de la competencia, los órganos encargados de fiscalizar las actuaciones anticompetitivas y los sujetos responsables de las mismas, la tercera parte de la tesis se centra, de un lado, en acotar los sujetos destinatarios de las normas de competencia —los sujetos responsables de las conductas anticompetitivas—, y, de otro, en estudiar de manera pormenorizada determinados supuestos en los que, a mi juicio y en última instancia, se declara la responsabilidad sancionadora de una persona distinta a aquella que efectivamente cometió la infracción. Así, podemos distinguir entre dos supuestos diferenciados, el primero de ellos referente a la posibilidad de declarar responsable de la infracción a una sociedad que, si bien no ha cometido la infracción, es declarada responsable de la misma en tanto que o bien es matriz de la infractora o es su sucesora económica. El segundo de los supuestos se centra en los casos de responsabilidad por haber participado en una sanción ajena, habiéndose delimitado el estudio en la responsabilidad de los administradores y directivos de la sociedad infractora, por un lado, y la responsabilidad del facilitador del cártel por otro lado. Por último, el estudio finaliza con las conclusiones a las que se ha llegado con el análisis realizado en las que, además de sintetizar el modo en el que considero que la aplicación de la normativa antitrust a las personas jurídicas vulnera los principios de la potestad sancionadora —especialmente el principio de responsabilidad personal— se proponen soluciones alternativas a las aplicadas por los tribunales que mantengan tanto el efecto útil del derecho de la competencia como el respeto a los principios de la potestad sancionadora; soluciones que, como ya adelanto, pasan por una profunda reforma de la Ley.